En el caso en que las dos partes estén dispuestas a generar una transacción de compra y venta de bienes raíces, el protocolo podría liberar fondos sólo si el registro de la propiedad se agrega con éxito a la base de datos. Hasta que eso suceda y se cumplan las condiciones discutidas, el protocolo no permitirá la transferencia del pago.
Por lo tanto, cerrar un acuerdo se vuelve muy complejo, tanto para el comprador como para el vendedor y para terceros. Para comprar una propiedad inmobiliaria, los clientes deben revelar una cantidad alarmante de información personal a varias partes, dejándolos vulnerables al robo de identidad.
Los smart contracts permitirán agilizar procesos, pero el asesoramiento legal no se sustituye. Serán una herramienta para garantizar la seguridad jurídica, de forma segura y expedita.